En medio de crecientes tensiones entre el Gobierno nacional y el sistema bancario, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a generar controversia al lanzar una fuerte advertencia contra las entidades financieras. La razón: los bancos estarían solicitando a sus clientes documentación impositiva que, de acuerdo con una reciente normativa, no deben exigir. Caputo, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), fue tajante al decir: “Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas”, en referencia al incumplimiento de la Resolución General 5696/2025, emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese mismo posteo, alentó a los usuarios a negarse a entregar esa documentación.
Su reacción se dio en respuesta a un comentario del contador Alejandro Rosenfeld, quien denunció que las entidades bancarias continúan solicitando declaraciones juradas de impuestos nacionales, a pesar de que esa práctica fue expresamente prohibida por el Gobierno a fines de mayo. Rosenfeld compartió que los bancos siguen sin adecuarse a la normativa vigente y que, aunque ya no pueden pedir esas declaraciones de manera obligatoria, han diseñado formularios para que los clientes las entreguen voluntariamente, con el argumento de evitar otros trámites o certificaciones.
Según relató el contador, “los bancos, ARCA y demás organismos siguen como antes, el Gobierno va para un lado y ellos para el contrario”. Además, adjuntó una imagen de los formularios que las entidades financieras ofrecen a sus clientes. En esos documentos, las personas deben declarar, en carácter de declaración jurada, que conocen el contenido de la resolución 5696/25 y del decreto 353/25, los cuales establecen que las entidades no pueden exigir dicha información tributaria. Pese a ello, muchos optan por entregar los datos “de manera voluntaria”, buscando evitar los costos que implican otras vías de justificación de ingresos.
Caputo basó su postura en lo dispuesto por ARCA, que dejó en claro que quienes estén alcanzados por la Ley 25.246 –como bancos, aseguradoras, escribanos o inmobiliarias– no están autorizados a condicionar la prestación de sus servicios a la entrega de declaraciones juradas nacionales. La resolución resalta, entre otros puntos, la existencia de una asimetría jurídica entre los prestadores de servicios y sus clientes, lo que se agrava cuando el acceso a dichos servicios se supedita a documentación excesiva o que puede violar derechos constitucionales.
Esta no es la primera vez que Caputo protagoniza un cruce con el sistema bancario. Días antes, ya se había producido un fuerte desacuerdo cuando las entidades se negaron a aceptar el canje de los instrumentos de deuda LEFI por Lecaps, propuesto por el Gobierno. Esta resistencia derivó en un desborde monetario, con una expansión de la base cercana a los 10 billones de pesos entre el 8 y el 10 de julio, según los propios datos del Banco Central. Además, en esa misma jornada, la entidad monetaria intervino en los mercados de futuros y pases para frenar la presión sobre el dólar y contener la emisión.
Con estos antecedentes, la advertencia de Caputo marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Ejecutivo y el sistema financiero, y deja abierta la posibilidad de medidas más contundentes si las entidades insisten en actuar al margen de las regulaciones impuestas por el Gobierno.