En cada uno de los 366 artículos presentes en el extenso decreto denominado «Bases para la reconstrucción de la Economía argentina», se encuentran intereses que se verán afectados. Las disposiciones incluidas en el decreto modificarán, ya sea de manera positiva o negativa, los llamados «privilegios», así como el funcionamiento y la rentabilidad de aproximadamente veinte sectores. Estos sectores entrarán en un proceso de reforma sustancial una vez que entre en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en cuestión, y se lleve a cabo la reglamentación detallada de sus distintas partes.
Entre los posibles ganadores y perdedores de estas primeras medidas de la nueva gestión, se encuentran diversos actores.
Perdedores
Sindicatos
La Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en estado de alerta y contempla la posibilidad de convocar a un paro nacional en respuesta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) recientemente emitido. Este decreto implica la derogación de normativas que los sindicatos consideran fundamentales, especialmente aquellas que fueron instauradas durante las décadas previas y durante el gobierno del Frente de Todos. Entre estas medidas se encuentra la eliminación de la doble indemnización, implementada durante la cuarentena estricta con el propósito de evitar un colapso en las cifras de empleo.
El DNU también impacta en las finanzas de los sindicatos al introducir cambios en la libre elección de obras sociales. Esta modificación podría generar movimientos de éxodo de trabajadores afiliados, representando una de las fuentes de ingresos más importantes para los sindicatos. Además, se establece que los trabajadores deben dar su consentimiento explícito para el pago de cuotas, aportes y contribuciones a los que están obligados por normativas legales, convenciones colectivas de trabajo o afiliación a asociaciones profesionales de trabajadores, sociedades mutuales o cooperativas. Se elimina la obligación de pagar aportes al gremio, una medida que en Brasil, con características similares, resultó en caídas históricas en los pagos de aportes sindicales.
Además, el DNU incluye cláusulas específicas que afectan a ciertos gremios, como el de neumáticos, que ha experimentado conflictos significativos en los últimos años, incluyendo paros que resultaron en escasez de productos en el mercado. En este sentido, se derogó la ley que prohibía la importación de llantas recauchutadas y usadas, entre otras restricciones.
Este conjunto de medidas ha generado preocupación y malestar en la central gremial, lo que podría traducirse en acciones más contundentes, como la convocatoria a un paro nacional. La derogación de normativas clave y la introducción de cambios en aspectos financieros y laborales han despertado la atención y la reacción de los sindicatos, quienes buscan preservar los derechos y beneficios adquiridos a lo largo de las décadas y los diferentes gobiernos.
Proveedores estatales
Existen empresas que se constituyen con el propósito específico de suministrar productos y servicios al Estado, siendo estas las recurrentes oferentes en licitaciones relacionadas con alimentos. Su posición en el mercado se ve respaldada parcialmente por los filtros burocráticos de acceso al sistema de proveedores, los cuales se refuerzan mediante condiciones en los pliegos particulares que tienden a desfavorecer a nuevos competidores. La derogación, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de la ley de compra nacional representa una de las barreras eliminadas. Para algunos, esta normativa constituía un obstáculo, mientras que para otros estaba diseñada para impulsar el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones al fomentar la incorporación de valor local.
La ley derogada establecía prioridades para la industria nacional en las adquisiciones realizadas por el Estado, sus concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos, lo cual englobaba a empresas a las que se les había delegado la responsabilidad en áreas como energía, telecomunicaciones u obra pública. Esta legislación disponía que, en casos de prestaciones similares o idénticas, cuando la diferencia de precios entre ofertas de bienes de origen nacional o importados no excediera el 15%, se daría preferencia al producto nacional. Se establecieron pautas similares para las pequeñas y medianas empresas (pymes). La derogación de esta ley ahora da inicio a una competencia más intensa basada en el valor de los productos.
Dueños de registros automotores
En el país existen alrededor de 1560 registros de la propiedad automotor que han sido señalados por su distribución entre exfuncionarios, amigos, familiares y conocidos como favores políticos. Estos registros cobran 43 aranceles por la transferencia de vehículos y han quedado rezagados en el proceso de digitalización. Considerándolos parte de los llamados «curros de la casta», Javier Milei ha expresado su oposición a estos registros, aunque no ha logrado desmantelar el sistema por completo. A pesar de la promesa del presidente de cerrar estos registros, eliminar el impuesto al sello, los aranceles de patentamientos y los costos de transferencia, dichas acciones aún no se han concretado.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) implica una simplificación de los trámites asociados a los registros de la propiedad automotor. Se suspende el requisito de pago de deudas, como multas o patentes, para llevar a cabo la transferencia, así como el vencimiento de la cédula. Esta medida podría interpretarse como un primer paso hacia el cierre de esta estructura, aunque hasta el momento no se ha materializado por completo.
Aduana y despachantes
El decreto adopta medidas significativas al eliminar el registro de importadores y exportadores, lo cual implica que las matrículas y los despachantes de aduana ya no serán requisitos obligatorios para la oficialización de permisos, sino que se vuelven opciones. Asimismo, se busca simplificar el proceso y avanzar hacia la digitalización de las autorizaciones, con el objetivo de proporcionar una mayor transparencia en la aprobación o denegación de operaciones que durante décadas se han sospechado de facilitar prácticas irregulares.
Uno de los cambios más destacados también se relaciona con la eliminación de la exigencia de determinar la capacidad económica para importar, además de la posibilidad de oficializar de manera anticipada los permisos. Esto implica adelantarse al proceso de clasificación arancelaria de la mercadería, permitiendo reducir las sorpresas y agilizar las inspecciones al momento de llegar a destino. Estas modificaciones buscan no solo simplificar y agilizar el proceso de importación y exportación, sino también mejorar la transparencia y prevenir posibles malas prácticas que pudieran haber estado vinculadas al sistema anterior.
Obras sociales y farmacéuticas
El cambio más significativo para las obras sociales radica en su entrada en competencia directa con las empresas de medicina prepaga, ya que se eliminan las restricciones para la libre elección de la atención médica privada. Este cambio implica que las obras sociales ya no funcionarán como intermediarias para los aportes de los trabajadores, y estos últimos no estarán obligados a destinar una parte de su salario a estas entidades. Por otro lado, las farmacéuticas también experimentarán un cambio al adoptar un esquema similar, dado que los médicos deberán recetar medicamentos genéricos en lugar de específicos. Sin embargo, esta medida podría generar problemas entre los afiliados, ya que el tratamiento de ciertas enfermedades o las reacciones individuales de los pacientes pueden tener respuestas más efectivas con marcas particulares de medicamentos. Es importante señalar que estas transformaciones podrían redefinir la dinámica y la competencia en el sector de la atención médica privada, generando desafíos y oportunidades para las obras sociales y las empresas farmacéuticas.
Ganadores
Bancos
Los bancos y las fintechs se encuentran inmersos en una intensa batalla, especialmente a medida que crece el uso de pagos mediante códigos QR y las billeteras virtuales aumentan su participación en la captación de fondos provenientes de las cuentas de ahorro, canalizándolos hacia los money markets con intereses. A primera vista, un indicio de mayor competencia podría derivarse de la modificación de la ley de tarjetas de crédito, que ahora permite que las entidades emisoras sean de cualquier naturaleza con ese propósito. No obstante, en el sector se aclara que las empresas tecnológicas ya tenían la capacidad de emitir tarjetas de este tipo.
El cambio más significativo para las entidades bancarias se relaciona con las tasas de interés, las cuales ya no tienen límites establecidos y pueden ser fijadas según el porcentaje que deseen (aunque con ciertos límites que podría imponer la Justicia). La ley anterior regulaba que los intereses punitorios por no pagar el mínimo de la tarjeta no podían superar el 50% de los aplicados por la institución financiera. Esta restricción fue derogada, aunque se mantiene la vigencia de que estos intereses no son capitalizables. Además, se flexibilizaron los aranceles de comisiones y otros cargos para diversos comercios, así como las tasas de financiación.
En el ámbito de la medicina privada, las empresas de medicina prepaga podrán recibir un flujo de nuevos afiliados gracias a la libre elección que ahora tienen los trabajadores. Además, experimentarán una recomposición de ingresos estimada entre un 60% y un 80% debido a la eliminación del índice de costos de salud que, con intervención del Estado, regulaba los porcentajes de aumento mensual. Estas transformaciones indican un cambio significativo en el panorama financiero y de servicios, con implicaciones tanto para las instituciones bancarias y fintechs como para las empresas de medicina prepaga.
Telecomunicaciones y Elon Musk
Por un lado, las empresas de telecomunicaciones experimentarán beneficios debido a que el Gobierno ha decidido no intervenir en la fijación de precios, y también a la eliminación de restricciones a nivel nacional para las licencias. Anteriormente, para otorgar y mantener la vigencia de estas licencias, existía la condición de que no pudieran acumularse con otras de servicios propios de distinta clase o naturaleza. No obstante, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) abre la puerta a la entrada de competidores internacionales, lo que podría conducir a una disminución de costos para los clientes. Entre estos competidores se destaca Starlink, la empresa de Elon Musk, con la cual Milei ha tenido contacto público. De hecho, la empresa fue específicamente mencionada en la cadena nacional. Este cambio en las regulaciones del sector de las telecomunicaciones tiene el potencial de reconfigurar la competencia y brindar nuevas opciones a los consumidores, aunque también plantea desafíos para las empresas locales ante la entrada de competidores internacionales.
Aerolíneas low cost
La revocación de la ley de cielos abiertos implica la supresión del mecanismo de audiencia pública utilizado para la asignación de rutas aéreas, un proceso que ha sido objeto de críticas en cuanto a su implementación por favorecer a ciertas empresas en detrimento de las aerolíneas de bajo costo. Sin embargo, la modificación que más beneficia a estas últimas es la derogación de las bandas tarifarias, un sistema que establecía precios mínimos y que se consideraba una estrategia para limitar la competencia que enfrentaba Aerolíneas Argentinas. Esta alteración en las regulaciones del sector aéreo busca fomentar un entorno más competitivo al eliminar restricciones y permitir que las aerolíneas, en especial las de bajo costo, tengan mayor flexibilidad en la fijación de tarifas y la asignación de rutas. Este cambio tiene el potencial de alterar significativamente la dinámica del mercado aéreo, generando oportunidades para una competencia más abierta y dinámica.
Propietarios de campos productivos
A través de la derogación de la ley de manejo del fuego, se elimina la restricción para los propietarios de campos productivos que les impedía vender o explotar sus tierras durante un período de 30 a 60 años a raíz de incendios. La normativa anterior no requería que se demostrara que el incendio fuera provocado o accidental; simplemente, ante la ocurrencia de este fenómeno, se prohibía el cambio de uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que difiriera del empleo y destino que la superficie tuviera de manera habitual en el momento del incendio. La derogación de esta ley implica un cambio significativo en las restricciones impuestas a los propietarios de tierras afectadas por incendios, otorgándoles mayor flexibilidad en la gestión y aprovechamiento de sus terrenos.
Supermercados y consumo masivo
La derogación de la ley de góndolas, de abastecimiento y del observatorio de precios del Ministerio de Economía implica que las empresas de consumo masivo y los supermercados estarán sujetos a menos controles y requisitos en lo que respecta a la provisión de mercaderías y la forma en que exhiben sus productos en los establecimientos comerciales. La abolición de estas leyes significa una reducción en las regulaciones que anteriormente imponían restricciones y supervisión sobre la disposición y oferta de productos en los supermercados. Esta medida apunta a brindar mayor libertad y flexibilidad a las empresas en la gestión de sus inventarios y estrategias de marketing, aunque también plantea interrogantes sobre posibles impactos en la competencia y los consumidores
Las dudas y los eximidos
Actualmente, no se vislumbra con claridad cuál será el impacto en ciertos sectores, y hay otros que no fueron objeto de atención directa en este decreto, aunque podrían serlo en el futuro. Uno de esos sectores es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que no está contemplado en los aspectos derogados mediante la revocación de la ley de promoción industrial. Una situación similar ocurre en el ámbito de la minería, ya que los cambios implementados no parecen tener un efecto significativo en dicha actividad. Asimismo, se observa que no se abordó de manera específica el ingenio del tabaco y los textiles, segmentos que históricamente han gozado de amplias protecciones por parte del Estado y que podrían ser objeto de atención en el futuro. La incertidumbre persiste en cuanto a los posibles alcances de estas medidas en diversos sectores económicos, y su impacto completo podría aclararse a medida que se desarrollen futuras decisiones y regulaciones.