El escándalo que ya envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las sospechas de coimas a nivel nacional sumó un nuevo capítulo en la provincia de Misiones, donde surgieron graves denuncias sobre irregularidades en los operativos de auditoría llevados adelante en distintos municipios. Los casos más resonantes se registraron en San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo, donde se cuestionó que los controles fueran ejecutados por militantes libertarios en lugar de profesionales de la salud, mientras que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) directamente desconoció la validez de las constancias emitidas.
La situación tomó tal magnitud que el propio vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, calificó el procedimiento como “inadmisible” y, en representación del gobierno provincial, presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal. Allí se detallaron múltiples irregularidades: uso de sellos y firmas médicas falsificadas, trámites recepcionados por militantes políticos en vez de personal idóneo, certificados sin valor legal y auditorías realizadas en espacios indignos, entre ellos un restaurante abandonado.
Denuncias en 25 de Mayo: desorganización y desconfianza
En el municipio de 25 de Mayo, donde además se centralizó la atención de beneficiarios de Colonia Aurora y Alba Posse, el secretario de Gobierno local, Sebastián Rodríguez, confirmó que el operativo arrancó el 1° de septiembre con una gran concurrencia de personas. Sin embargo, explicó que la desinformación generó un fuerte malestar: muchos beneficiarios llegaron sin haber sido notificados formalmente, mientras otros recibieron citaciones confusas que los enviaban a domicilios inexistentes.
Rodríguez relató que esta situación sembró un clima de incertidumbre y hasta de temor entre la comunidad: “Se generó paranoia porque la gente tenía miedo de perder sus beneficios. La situación económica es complicada y hay muchas personas con discapacidad real que dependen de esa ayuda”, advirtió.
El funcionario denunció además que los encargados de las auditorías eran en realidad militantes de La Libertad Avanza, lo que encendió aún más las alarmas. A esto se sumó un problema mayor: ANSES rechazó los certificados entregados a los beneficiarios. “Muchos viajaron hasta Oberá para presentar sus constancias y se encontraron con que no eran válidas, que las firmas no estaban avaladas o que eran simples fotocopias. Varias personas recorrieron 60 o 70 kilómetros, por caminos de tierra y bajo la lluvia, para volver con las manos vacías”, lamentó.
Según Rodríguez, los primeros 15 beneficiarios que intentaron validar sus trámites en ANSES fueron rechazados, y la situación se repitió con más personas después. En sus palabras, la desprolijidad del proceso solo dejó más preguntas que respuestas: “No se entiende si esto es una empresa, un trabajo tercerizado o una maniobra política. Lo cierto es que los más perjudicados son los sectores vulnerables que más necesitan apoyo del Estado”.
Frente a este panorama, respaldó la decisión del gobierno provincial de acudir a la Justicia: “El plazo de 30 días para presentar nuevamente estudios es imposible de cumplir. Muchos originales fueron entregados hace más de una década y ya no están disponibles, y con el sistema de salud saturado resulta inviable conseguirlos en tan poco tiempo”.
San Ignacio: falsificación de sellos y auditorías precarias
En paralelo, en la localidad de San Ignacio salió a la luz otra irregularidad de gravedad: se detectó el uso de un sello médico falsificado en las constancias entregadas a los beneficiarios. Allí, los pensionados fueron citados bajo la amenaza de perder sus beneficios, pero al llegar se toparon con un operativo desarrollado en un edificio sin condiciones mínimas, un restaurante abandonado.
Durante largas horas, desde la madrugada, personas con discapacidad hicieron filas a la intemperie para finalmente recibir un documento sin membrete ni validez oficial, titulado “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”. Ese papel llevaba el nombre y una supuesta firma del cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
El profesional, al ser consultado, negó cualquier vinculación y aseguró que tanto la rúbrica como la tipografía no le pertenecían. “Es una falsificación evidente. El sello y la firma no son míos”, señaló, anticipando que presentará una denuncia penal en Pergamino. Además, criticó la participación de estudiantes en auditorías de discapacidad: “Aunque sean de medicina, no tienen facultades para realizar estas evaluaciones”.
Escenario provincial en tensión
Las denuncias en Misiones profundizan el clima de desconfianza hacia los operativos de ANDIS, en un contexto donde ya se investigan manejos irregulares a nivel nacional. Tanto funcionarios locales como autoridades provinciales sostienen que lo ocurrido constituye una vulneración de derechos para los sectores más vulnerables, que además quedaron atrapados en un proceso lleno de improvisaciones y prácticas ilegales.
Con el amparo presentado en la Justicia Federal y la promesa de nuevas denuncias penales, el conflicto amenaza con escalar todavía más, comprometiendo tanto a ANDIS como al propio Gobierno nacional, al tiempo que multiplica la angustia de los beneficiarios, que temen perder el acceso a las pensiones y ayudas de las que dependen para subsistir.