Daniela Carbone, la azafata acusada de haber amenazado con poner una bomba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba a Miami para vengarse de su ex pareja porque la había dejado, seguirá presa. El juez federal Federico Villena sostuvo que la mujer puede, en libertad, entorpecer la investigación. Es que, según se descubrió, la comisario de abordo intentó, de manera remota, reestablecer el dispositivo Iphone al que le había cambiado el chip para hacer la amenaza, y desde allí “borrar todo su contenido” del teléfono. Fracasó en su intento y las pruebas encontradas allí la comprometen.
Desde ese teléfono, que pertenecía a su hija, Candelaria, la mujer llamó el 21 de mayo, a las 7, a celulares clave para intentar frenar la salida del vuelo a Miami en el que iba su ex novio, el hombre más joven con el que había estado en pareja los últimos cinco años y la había dejado hace dos meses.
“Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”. La advertencia llegó a teléfonos de P.G.A y de I.R.M., afectado al vuelo que estaba por partir.
La voz del mensaje estaba distorsionada por una aplicación. También se encontró sus búsquedas en Google para saber cómo confundir su voz.
Según la investigación, no fue la única llamada que hizo Carbone. Se cree que la mujer también se encargó de llamar al celular del piloto del vuelo. Esta vez no fue un mensaje de audio sino por escrito. Ahí le avisó: “Hacé lo que te decimos perez (sic) que sabemos a qué colegio van tus hijos”. El objetivo era claro: que el vuelo no saliera. Pero apuntó hacia el piloto para confundir el verdadero destinatario: su ex pareja que iba como azafato en el avión y que ya estaba con una nueva novia. “Ella quedó más dolida”, declaró el hombre cuando enfrentó al juez como testigo.
“¿Te parece que me haya hecho algo así?”, la escucharon decir a Carbone.
De la causa, también surgen las internas familiares entre madre e hija en los últimos días. La madre y la hija se peleaban. Discutían por la limpieza, por el orden, por la convivencia, por si la gatita estaba cuidada. La mujer estaba lejos trabajando, la joven se quejaba por los controles y las exigencias de la madre desde afuera.
Y llegó un momento en que la hija, harta de los reproches, le disparó: “La egoísta sos vos, que me podés cagar la vida a mí por una pendejada”. No dijo nada más. Un rato después, el avión de vuelta aterrizó. Carbone le avisó a Candela: “hija, me llevan detenida”. Le pidió que llamara a una persona y también guardar silencio.
En el domicilio de Carbone, la casa que alquilaba junto a su ex pareja, se incautaron un Iphone 13 Pro y otro 12 Pro que habían sido utilizados con la línea identificada desde donde salieron las amenazas.
Daniela Carbone, al momento de su detención
Desde el domingo 28, quedó detenida en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ayer, martes, la mujer se enfrentó al juez y al fiscal Sergio Mola en la indagatoria. Eligió el silencio. Su defensa recién conocía los detalles de la causa que había estado hasta un rato antes en secreto de sumario. Pero el defensor reclamó la excarcelación de su clienta, o al menos una morigeración de su detención bajo la modalidad de pulsera electrónica, en base a las modificaciones implementadas en el nuevo Código Procesal Penal.
El fiscal Mola se opuso por “los peligros procesales en torno a ella” que no pueden ser “aventados por ninguna de las otras alternativas” previstas. Y el juez Villena le dio la razón.
El fallo
habla de “la gravedad de los hechos” investigados, que configuran los delitos de interrupción del transporte aéreo, la realización de amenazas anónimas, la coacción agravada y el hecho de infundir temor a un número indeterminado de persona. Subrayó que la instrucción “se encuentra en plena etapa de investigación, con diligencias y medidas ordenadas en curso”.
Pero además Villena reveló en su fallo otro dato hasta ahora desconocido: la mujer intentó destruir las pruebas en su teléfono celular. Y para eso solicitó ayuda a su hija.
Carbone habría intentado reestablecer el dispositivo Iphone secuestrado cuando estaba en el exterior con el posible objetivo de eliminar su contenido, y de esta manera, elementos probatorios de suma importancia para la causa”. Lo hizo mediante maniobras a través del Apple Support. No lo logró porque no pudo; no porque no quiso. De haberlo logrado, se habría logrado “la pérdida de elementos cruciales” en la investigación.
Según la investigación, a las 19.15 del 24 de mayo, Carbone le mandó un audio a su hija en donde le cuenta que se comunicó con Apple Support para restablecer su cuenta y le indican los pasos a seguir. Dos días después, la mujer le cuenta que está yendo a Apple. Un rato después le da indicaciones a la joven para llevar adelante las acciones que le dieron. Hay capturas de pantallas en donde intercambiaban códigos de seguridad.
“A ver si de una vez recupero mi mail y puedo tener todo”, dice la azafata, “6 días????”, le responde su hija con una captura “Naa, me quiero matar”, dice la mujer. De casi 17 mil imágenes que se analizaron había un video con instrucciones para “recuperar mensajes de Whatsapp”y conversaciones con el soporte de Apple.
Para el juez, “se verifica la posibilidad de que la justiciable puede entorpecer la investigación, ya sea mediante la destrucción, modificación, supresión, falsificación u ocultación de elementos de prueba o que intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución; o que intentará amenazar a los testigos o que influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o que inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizare”. Y en base a ello se dispuso que la mujer continue detenida, “toda vez que existen elementos que permiten aseverar que podrían obstaculizar la investigación o sustraerse de la acción de la Justicia”.
En su valoración, el fallo ponderó todo el escenario: los graves perjuicios provocados a los 267 pasajeros que debían partir esa mañana rumbo a Miami y las consecuencias económicas para la empresa, estimadas en 1.215.740 de dólares para y 1.021.776 de pesos desembolsados por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Lo que sí aceptó el magistrado fue abrir un incidente aparente para evaluar una posible prisión domiciliaria, que incluirá un análisis “sociambiental” que retrate su entorno y modo de vida./Infobae