El juez federal Sebastián Casanello ha citado a Eduardo Belliboni a una declaración indagatoria programada para el 26 de junio, junto a una extensa lista de dirigentes sociales. Se les imputan los delitos de extorsión y administración fraudulenta de fondos provenientes del programa Potenciar Trabajo. Las autoridades sospechan que estos recursos se utilizaban con fines político-partidarios para aumentar la militancia y financiar sus agrupaciones.
La investigación abarca sumas significativas de dinero manejadas mensualmente por las organizaciones piqueteras, fondos que provenían del Estado nacional. Dos de los espacios involucrados en las posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron aproximadamente 600 millones de pesos durante el gobierno de Alberto Fernández, uno de ellos vinculado directamente a Belliboni.
El juez Casanello afirmó que existen pruebas suficientes en esta etapa para considerar que personas asociadas con la «Asociación Polo Obrero» y la «Cooperativa El Resplandor Ltda.» administraron de manera indebida una parte de los recursos estatales que les fueron otorgados a través de convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del programa Potenciar Trabajo.
La citación a indagatoria también incluye a otros referentes del Polo Obrero. Casanello señaló que se ha comprobado el uso de facturación falsa y la simulación de gastos no realizados, a través de empresas como “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”, con el fin de ocultar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Este esquema podría constituir operaciones de lavado de dinero.
El magistrado explicó que cantidades significativas de dinero fueron canalizadas a través de diversas personas jurídicas, con el propósito de obtener un beneficio particular. Según Casanello, los recursos públicos se mezclaron con intereses privados para financiar actividades partidarias.
El rol de intermediarios en la administración de planes como Potenciar Trabajo ha sido cuestionado por los investigadores, quienes consideran que representó un abuso de poder y un posible desvío de fondos. Las organizaciones sociales bajo investigación, según la imputación contra 27 dirigentes piqueteros, exigían sistemáticamente dinero a los beneficiarios del plan, cobraban por la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y los forzaban a participar en marchas bajo la amenaza de dar de baja el plan si no lo hacían.
Entre los citados a declarar se encuentran Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches, quienes deberán presentarse el 11 de junio. Al día siguiente, deberán declarar ante Casanello Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper. El 13 de junio será el turno de Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli. Otros nombres en la lista incluyen a Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma.
La investigación se robusteció con una instrucción complementaria impulsada por el juez Casanello, tras la imputación del fiscal Gerardo Pollicita. Según el juzgado, la maniobra también incluía la exigencia a los beneficiarios del programa de asistir a movilizaciones político-partidarias, aportar dinero a la organización e incluso votar por un candidato específico vinculado al espacio político, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal.
Estas exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros miembros de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente en situación de vulnerabilidad. Esta práctica también se confirmó en el caso de otros dos grupos de personas asociadas con la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.