En el marco del tercer juicio oral que enfrentan los integrantes de lo que se conoce como la “Banda de los narcopolicías”, este grupo de ex agentes de seguridad se encuentra nuevamente bajo acusación, esta vez por secuestrar y extorsionar a personas supuestamente vinculadas al tráfico de drogas. Este juicio se ha centrado en desvelar los métodos utilizados por los acusados, quienes, a lo largo de su actividad delictiva, se hacían pasar por policías, llevando a cabo operaciones fraudulentas bajo la apariencia de operativos oficiales.
Durante la segunda jornada del juicio, salieron a la luz nuevas pruebas y detalles sobre la estructura delictiva de los acusados, que operaban en conjunto con otros agentes de distintas fuerzas de seguridad. Estos individuos, según lo expuesto en la investigación, utilizaban su rol como miembros de las fuerzas del orden para amparar sus actividades criminales, realizando secuestros y extorsiones bajo la fachada de operativos policiales.
Uno de los casos clave que se está juzgando ocurrió el 18 de febrero de 2022, cuando la víctima, identificada como P.N., se encontraba trabajando en su finca en la localidad de Leales. Fue allí donde fue abordado por un grupo de seis personas que se presentaron como policías, y bajo la excusa de realizar un allanamiento, lo redujeron, lo esposaron y lo amenazaron con falsos cargos relacionados con plantas de marihuana. Los secuestradores le exigieron una suma de dinero para evitar que le fabricaran una causa. P.N. accedió a sus exigencias, entregando 200.000 pesos y un automóvil Fiat Palio Weekend para asegurar su liberación.
El caso tomó un giro importante cuando, días después, P.N. vio imágenes en los medios locales de un asalto similar ocurrido en Famaillá, en el cual participaban individuos uniformados. Reconoció a uno de los responsables y, a partir de allí, realizó la denuncia correspondiente, lo que permitió que el fiscal federal Agustín Chit comenzara la investigación, que condujo a la detención de varios de los implicados, entre ellos, Ricardo Rodríguez, Martín Romano, José Villa, José Gallo y Eduardo Agüero. Daniel Villardón, identificado como otro miembro de la banda, sigue prófugo.
Lo que parecía ser un caso aislado comenzó a mostrar una serie de patrones comunes. Se descubrió que los acusados formaban parte de una red criminal que, de manera sistemática, seleccionaba a personas involucradas en el comercio de drogas para extorsionarlas. Según las investigaciones, al menos tres hechos previos, además del secuestro de P.N., habían seguido el mismo modus operandi: el secuestro de un taxista vinculado a un narcotraficante y el asalto a un supuesto narcotraficante en Famaillá. En todos estos casos se repitieron las mismas tácticas: incursiones armadas, amenazas, traslados forzados en vehículos y demandas de dinero o droga a cambio de la liberación de las víctimas.
Incluso en dos de los episodios, los secuestradores realizaron las negociaciones en puntos cercanos a dependencias policiales. En uno de estos episodios, se llevaron a cabo cerca de la base de Homicidios y la Jefatura de Policía, lo que subraya el nivel de impunidad con el que operaban los acusados. Además, los testigos han señalado que los implicados mantenían contactos frecuentes entre ellos y con otros delincuentes vinculados al narcotráfico.
Uno de los acusados, José Villa, quien fue el único de los imputados en este juicio que decidió declarar, se declaró inocente, a pesar de haber admitido su presencia en el campo de la víctima. Villa alegó que estuvo allí bajo órdenes de un superior para localizar a un prófugo, y sostuvo que las acusaciones en su contra no eran ciertas, asegurando que tanto la víctima como sus familiares no habían dicho toda la verdad.
El juicio continuará el próximo 19 de mayo, y se espera que se dicte el veredicto en esa misma semana. La Fiscalía mantiene que las pruebas presentadas demuestran un patrón claro de abuso de poder y extorsión por parte de los acusados, quienes, valiéndose de su rol como miembros de las fuerzas policiales, usaron la estructura estatal para cometer delitos.
Este juicio ha puesto de nuevo en evidencia la creciente infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad en Tucumán, un fenómeno que no solo agrava la situación de inseguridad en la provincia, sino que también pone de relieve la urgente necesidad de una respuesta institucional frente a esta problemática, que sigue sumando casos de corrupción y criminalidad dentro de las fuerzas del orden.