La familia de Karla Robles volvió a poner en evidencia las profundas fallas del sistema judicial tucumano al denunciar una cadena de omisiones, desinterés y negligencia institucional que, según ellos, culminó trágicamente con la muerte de la joven. Los allegados sostienen que las múltiples advertencias y denuncias presentadas ante la justicia no se tradujeron en medidas de protección efectivas, y que las respuestas del Estado fueron tardías y superficiales.
En una entrevista con el programa El Avispero, Mirtha Giménez, madre de Karla, relató con dolor el calvario que vivió su hija durante los últimos años. Contó que la violencia comenzó a manifestarse con claridad en 2022, cuando presentaron las primeras denuncias contra el agresor. “El fiscal Zapata me archivaba las causas”, afirmó, remarcando que pese a las advertencias y pedidos de detención realizados por el abogado de la familia, las autoridades judiciales no tomaron ninguna medida concreta para frenar el hostigamiento. Giménez apuntó directamente contra varios funcionarios, entre ellos Augusto Zapata, Daniel Sosa Piñeiro, Adriana Reynoso Cuello y Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez, a quienes responsabiliza por no haber actuado con la urgencia y el compromiso que la situación exigía.
Según la madre, las instituciones judiciales y de seguridad ignoraron por completo las señales de riesgo: nunca se le otorgó a Karla un botón antipánico, no se controló el cumplimiento de las restricciones perimetrales y no se dispuso ninguna custodia preventiva pese a las reiteradas denuncias. “El Estado recién se acercó después del hecho, con asistencia psicológica y una consigna policial por pocos días. Fue demasiado tarde”, lamentó Giménez, describiendo la desesperación de una familia que se sintió completamente desamparada.
Además, la mujer sugirió que detrás del agresor podría haber existido una red de favores políticos y protección institucional, ya que algunos de sus familiares habrían trabajado en organismos públicos. “Fue un estado de abandono por parte del Estado”, sentenció, comparando el caso de su hija con otros episodios de violencia de género en los que —según su mirada— la justicia tucumana actuó con la misma pasividad e indiferencia.
Mirtha recordó también el cambio profundo que sufrió Karla desde que inició la relación con el agresor. Describió cómo la joven, antes alegre y segura, comenzó a volverse temerosa, aislada y con una autoestima quebrada debido a la manipulación psicológica, las amenazas y los golpes. Según detalló, la familia conserva audios, fotos y capturas de mensajes que prueban los episodios de violencia y que fueron entregados a la justicia, aunque —asegura— nunca fueron debidamente valorados. “Él siempre quiso que Karla se suicide”, expresó entre lágrimas, señalando que advirtieron en múltiples oportunidades el riesgo que corría su hija, sin recibir respuesta ni contención.
En medio de su búsqueda de justicia, la familia exige ahora una investigación exhaustiva sobre el desempeño de los fiscales involucrados y sobre las posibles negligencias procesales que habrían contribuido al desenlace fatal. También reclaman que se preserven todas las pruebas, que se implementen medidas de protección efectivas para futuras víctimas y que se informe de manera transparente el avance de la causa. Mirtha pidió expresamente ser notificada sobre cada movimiento del imputado y reclamó un cambio estructural en el sistema judicial: “No puede ser que la justicia actúe recién cuando ya hay una muerte”, dijo.
El testimonio de la madre de Karla Robles refleja, una vez más, las deficiencias del sistema judicial y la falta de políticas eficaces para prevenir la violencia de género. Entre la indignación, el dolor y la exigencia de justicia, la familia lucha por transformar su tragedia en un llamado urgente al Estado para que garantice verdaderamente la seguridad de las mujeres antes de que otra historia se repita con el mismo final.