Un reciente fallo judicial, poco común en la provincia, logró poner punto final a más de doce años de miedo, hostigamiento y angustia vividos por una joven de Tafí Viejo. La decisión de la Justicia dispuso que el acusado, Federico Adrián Punturo, sea obligado a abandonar Tucumán y establecer su residencia en Santiago del Estero, lo que muchos interpretan como una forma moderna de destierro, una medida que no figura en el Código Penal argentino pero que fue aceptada por todas las partes con el objetivo de proteger de manera efectiva a la víctima.
El caso de Punturo se había extendido durante más de una década, con denuncias reiteradas por violar medidas restrictivas que le prohibían acercarse a la mujer. En diciembre de 2024, el hombre había obtenido una suspensión de juicio a prueba, que incluía condiciones estrictas: debía permanecer en Santiago del Estero durante dos años, usar una pulsera electrónica de seguimiento, mantener comunicación periódica con las autoridades judiciales, trabajar en esa provincia y asistir a terapia psicológica.
Sin embargo, el agresor incumplió las reglas. En septiembre de 2025, decidió quitarse el dispositivo de control y permaneció prófugo durante una semana. La Policía lo localizó en Santiago del Estero, lo detuvo y lo trasladó nuevamente a Tucumán, donde fue imputado por desobediencia judicial. Ante el incumplimiento, la Justicia le revocó el beneficio anterior y resolvió enviarlo a juicio.
Finalmente, el proceso concluyó con un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Punturo admitió su responsabilidad en los hechos y aceptó una pena de un año de prisión en suspenso. No obstante, el aspecto más llamativo del fallo fue el nuevo compromiso judicial: el acusado deberá residir obligatoriamente en Santiago del Estero durante los próximos cuatro años, sin poder regresar a Tucumán ni mantener ningún tipo de comunicación con la víctima.
El convenio fue firmado por la fiscal Adriana Reinoso Cuello, los querellantes Patricia Neme y Patricio Char, el abogado defensor Guillermo Villalba, y luego fue homologado por el juez Eduardo González, quien dio firmeza a la resolución.
El defensor de Punturo, Guillermo Villalba, reconoció que el fallo representó “una salida poco convencional”, pero sostuvo que el objetivo principal era poner fin al conflicto sin poner en riesgo la integridad de nadie. “Buscamos una solución que garantice la tranquilidad de ambas partes. Mi defendido entendió que, si viola este acuerdo, su destino será la cárcel”, aclaró.
Por otro lado, el abogado querellante Patricio Char celebró la decisión judicial y la calificó como un precedente importante en la lucha contra la violencia de género. “Se logró el destierro de un acosador y se devolvió la paz a una mujer que vivió un infierno durante años. La Justicia debe ser firme: o se actúa o se es cómplice. Este fallo es un paso adelante en la defensa de las mujeres”, afirmó.
No es la primera vez que un tribunal aplica una medida similar. En una causa anterior, otro agresor denunciado por violencia de género fue autorizado a mudarse a Córdoba bajo la condición de no regresar a su provincia, lo que también fue interpretado como una forma de destierro judicial.
La víctima, identificada con la inicial F., contó los años de miedo que padeció desde los 19 años. “Vivía aterrada. Él aparecía a cualquier hora, golpeaba mi ventana, me seguía, no aceptaba un no como respuesta. Muchos me decían que me mudara, pero yo no entendía por qué debía hacerlo si la víctima era yo”, expresó con impotencia.
Durante años, F. denunció la situación ante la Policía y la Justicia, pero —según su testimonio— las respuestas eran lentas o inexistentes. “Recién cuando el gremio bancario me acompañó, las cosas empezaron a moverse”, relató, agradeciendo el apoyo que recibió cuando el acoso comenzó a afectar su vida laboral y emocional.
Hoy, tras más de una década de hostigamiento, F. asegura que la decisión judicial le permitió recuperar la tranquilidad que tanto buscó. “No sé si él cumplirá con lo que firmó, pero al menos ahora siento que puedo volver a vivir sin miedo. Quiero decirles a otras mujeres que no bajen los brazos, que sigan luchando. Es un proceso doloroso y largo, pero vale la pena. Es la única manera de recuperar la paz y la libertad”, concluyó con esperanza.
Este caso, que combina justicia, reparación y un enfoque innovador, deja al descubierto la necesidad urgente de mecanismos más eficaces para proteger a las víctimas de violencia de género y de un sistema judicial que actúe antes de que las víctimas deban soportar años de miedo y desprotección.