La Oficina Anticorrupción (OA), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, resolvió recientemente eximir de toda responsabilidad al presidente Javier Milei en relación con el escándalo conocido como “Criptogate”, vinculado a la promoción del token digital denominado $LIBRA, que habría ocasionado pérdidas económicas a miles de personas. A través de una resolución oficial, la OA afirmó que el mandatario no incurrió en irregularidades, a pesar de haber promocionado dicho activo en su cuenta personal en la red social X.
Según el organismo, el uso de redes sociales por parte de los funcionarios, incluso aquellos que ostentan cargos de máxima jerarquía en el Estado, no necesariamente constituye el ejercicio de una función pública según lo definido en la Ley de Ética Pública. En este sentido, se intentó trazar una línea entre la figura institucional del presidente y su accionar como ciudadano privado en plataformas digitales.
La causa judicial, no obstante, permanece activa en el ámbito de la Justicia Federal. El 30 de mayo, el fiscal Eduardo Taiano solicitó información detallada sobre las líneas telefónicas que estén o hayan estado registradas a nombre del propio Milei, así como de Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. En este contexto, la resolución de la OA, en su primer artículo, sostiene que: “Según las medidas producidas y constancias agregadas en estas actuaciones, el señor Presidente de la Nación, Dr. Javier Gerardo Milei, no infringió la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública -artículo 2°, incisos a), g) e i)- por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Project’, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social ‘X’ @JMilei”.
Esta postura del organismo generó una inmediata reacción en el arco político, particularmente desde la oposición. Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, quien cuestionó con dureza el dictamen. A través de su cuenta en X, Ferraro calificó el documento como “una nulidad clarísima”.
En sus declaraciones, el legislador denunció que el cierre de la investigación no se debió a una falta de elementos probatorios, sino a una decisión política alineada con los deseos del propio presidente. “La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería. Según la OA, Milei no incurrió en ninguna falta ética cuando promocionó el token $LIBRA desde su cuenta de X, porque lo hizo como ‘ciudadano’ y no como Presidente”, subrayó.
Ferraro cuestionó el argumento de que Milei actuó en calidad de individuo privado, destacando que esa supuesta división entre sus funciones institucionales y su accionar en redes sociales no es compatible con la investidura presidencial. “Es decir, el Presidente puede operar desde su cuenta personal, generar un impacto financiero, beneficiar a un entorno privado, y luego decir que no era él actuando como Presidente. Que era ‘otro’. El Presidente está disociado. Disocia su responsabilidad institucional de su palabra pública. Disocia sus actos de sus consecuencias. Disocia su investidura de sus deseos. Y la Oficina Anticorrupción no solo lo acepta: lo justifica”, criticó con vehemencia.
Asimismo, advirtió sobre los peligros institucionales de este enfoque. Señaló que la gravedad del asunto se acentúa al observar cómo el dictamen de la OA parece repetir casi textualmente las declaraciones que Milei había ofrecido en su primera entrevista tras el escándalo, el 17 de febrero, en el programa de Jonathan Viale. En esa ocasión, el presidente sostuvo que había apoyado una iniciativa privada sin ser parte de ella, desde su cuenta personal, y que por lo tanto no le cabía responsabilidad institucional alguna.
“El dictamen de la OA no investiga. Transcribe. No interpreta los hechos. Los refrenda. ¿Dónde termina la función pública y empieza la impunidad? ¿Puede un jefe de Estado separarse en dos para evadir responsabilidades? Esta lógica no tiene antecedentes. No hay democracia posible cuando un Presidente exige poder sin control, y se deslinda de sí mismo cuando ese poder genera daño”, concluyó Ferraro, quien además solicitó que la Justicia indague si hubo una posible intervención directa de Milei en la confección del dictamen que lo desvinculó del caso.
A su vez, las repercusiones del escándalo trascendieron las fronteras del país. En España, el diputado Víctor Egío, integrante del partido Podemos y miembro de la Asamblea Regional de Murcia, solicitó públicamente la detención de Javier Milei en cuanto arribe a territorio español, como parte de su próxima gira por Europa. El legislador acusó al presidente argentino de haber protagonizado una presunta estafa que habría afectado a más de 50.000 personas mediante la promoción de la criptomoneda $LIBRA, aunque hasta el momento, dicha acusación no cuenta con un respaldo judicial firme. Pese a ello, ha sido replicada y amplificada por distintos sectores opositores tanto dentro como fuera de la Argentina.