La decisión de la intendenta Rossana Chahla de revocar las últimas designaciones de personal realizadas por Germán Alfaro ha generado controversia en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
A través del decreto 6314, Chahla determinó que los trabajadores incorporados a la planta transitoria y permanente del municipio entre el 1 de septiembre y el 27 de octubre dejaran de formar parte de la planta estatal, afectando aproximadamente a 1.700 empleados. Esto desencadenó reacciones tanto de ex funcionarios alfaristas como de los afectados, llevando a un grupo a protestar frente a la sede municipal.
El concejal oficialista José María Franco respaldó la medida, argumentando que Chahla enfrenta desafíos significativos dejados por la administración anterior y que se están llevando a cabo auditorías para evaluar la situación financiera y de personal heredada de Alfaro. Franco criticó la supuesta falta de transparencia y amateurismo en la gestión anterior, señalando que la Municipalidad operaba con un exceso de empleados y acusó a Alfaro de realizar contrataciones y recategorizaciones cuestionables.
Franco sugirió que las acciones de Alfaro tenían motivaciones políticas, diseñadas para generar conflictos dentro de la intendencia y acusó al ex intendente de planear un golpe institucional contra Chahla.
Desde la oposición, el edil radical Federico Romano Norri expresó preocupación por la medida y advirtió sobre la necesidad de ser responsables en un momento difícil. Instó a evaluar detenidamente cualquier recorte y destacó la importancia de no afectar a los trabajadores de manera injusta. Romano Norri también subrayó la necesidad de evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones y estar alerta ante posibles motivaciones políticas en la revocación de las designaciones.
“Si percibimos algún tipo de animosidad o arbitrariedad manifiesta que tenga que ver con una vinculación estrictamente política, obviamente seremos más reaccionarios”, advirtió Norri.