Tras la filtración de audios en los que Diego Spagnuolo, entonces Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hablaba sobre presuntos pagos de coimas por parte de empresas vinculadas a Martín Menem, el presidente Javier Milei decidió su remoción inmediata del cargo. Según informó la Vocería Presidencial, la decisión se adoptó de manera preventiva frente a las grabaciones que apuntaban a maniobras irregulares y prácticas de recaudación ilegal relacionadas con la compra de medicamentos y la prestación de servicios asociados. El comunicado oficial señaló: “Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”.
A raíz de esta situación, se anunció que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la ANDIS, con la misión de garantizar su correcto funcionamiento, y se espera que en las próximas horas se confirme el nombre del interventor que asumirá temporalmente el organismo. La decisión se produjo luego de que Infobae confirmara que la medida estaba tomada y que se había abierto una investigación judicial bajo la supervisión del fiscal Franco Picardi.
Los audios se difundieron a través del programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. En el material se expone cómo operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado para facilitarles contratos, principalmente en el área de medicamentos. Spagnuolo, en los registros, describe con detalle estas operaciones: “A mí me están defalcando la agencia”, refiere, aludiendo a la participación de un funcionario vinculado a la gestión anterior de Mauricio Macri, quien habría asumido el control financiero del organismo.
El entramado involucraba a operadores fuera del círculo de confianza directo de Spagnuolo, quienes solicitaban pagos adicionales a empresas proveedoras, funcionando como un “costo extra” no regulado necesario para garantizar la firma de convenios y el acceso a servicios públicos esenciales. Entre las empresas involucradas destaca Droguería Suizo Argentina, vinculada a Martín Menem, que actuaba como intermediaria privilegiada y definía condiciones y precios frente a los proveedores locales. Según Spagnuolo: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.
El dirigente explicó que el mecanismo de recaudación irregular no se limitaba al área farmacéutica, sino que también incluía servicios como internaciones y transporte, generando cifras mensuales estimadas entre 20.000 y 30.000 dólares. Spagnuolo sostuvo que estas maniobras operaban a sus espaldas, sin su control directo: “Yo no tengo nada que ver. Solo controlo que lo mío esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás”. Además, aseguró haber alertado a altas autoridades del Gobierno sobre estas irregularidades: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.
Los audios también detallan la logística de provisión de medicamentos y cómo la Droguería Suizo Argentina se beneficiaba seleccionando los productos más rentables, aprovechando descuentos y márgenes comerciales. “Hay medicamentos que tienen descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Los que no tienen descuento, menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos con descuento van para ellos”, explica Spagnuolo.
La difusión de estos audios, junto con la relación de la droguería con los convenios irregulares, generó un fuerte impacto en el oficialismo, debido a la vinculación histórica de la empresa con sectores relacionados con Martín Menem, figura clave en el entramado político nacional. La crisis no solo expone presuntas prácticas de corrupción dentro de la ANDIS, sino que también pone en evidencia los vínculos de operadores y empresas con actores políticos de relevancia en el país.