Los senadores de la oposición han solicitado la convocatoria de una sesión especial para el jueves 2 de octubre, con el objetivo de intentar revertir los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: la de Emergencia en Pediatría y la de Financiamiento Universitario. Esta medida surge después de que la oposición demostrara su fuerza en la Cámara de Diputados, donde ambas leyes ya habían sido respaldadas de manera contundente.
Se trata de un paso fundamental en el proceso legislativo, dado que para que el veto presidencial sea anulado, el Senado debe alcanzar una mayoría especial equivalente a dos tercios de los votos de los senadores presentes en el recinto. Esto implica que los bloques opositores deben consolidar una unidad sólida; si los 72 senadores estuvieran presentes, se necesitarían al menos 48 votos para rechazar el veto y asegurar la promulgación de las leyes.
El antecedente más reciente que fortalece esta estrategia es el rechazo al veto presidencial sobre la ley de Emergencia en Discapacidad, que se concretó hace apenas unas semanas. En esa oportunidad, la oposición logró una amplia mayoría con 63 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones, lo que brinda confianza a los senadores de que podrían repetir un resultado similar para las leyes de salud pediátrica y financiamiento universitario. De lograr los dos tercios, el Senado comunicaría formalmente su decisión al Poder Ejecutivo, que estaría obligado a promulgar y publicar las leyes en el Boletín Oficial sin posibilidad de volver a vetarlas.
Estas normas, una vez vigentes, obligarían al Gobierno a garantizar los recursos y fondos necesarios para el funcionamiento de los hospitales pediátricos y las universidades nacionales, revirtiendo los recortes que han generado graves crisis en ambos sectores. En caso de que la oposición no consiga reunir los votos necesarios, los vetos permanecerían vigentes y las leyes quedarían rechazadas de forma definitiva, sin que el Congreso pueda volver a tratarlas durante el actual período legislativo.
La situación para el Ejecutivo en el Senado se presenta complicada, ya que ambos proyectos habían sido aprobados previamente con mayoría suficiente. El 21 de agosto, la ley de emergencia sanitaria en Pediatría y residencias obtuvo 62 votos a favor y 8 en contra, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.
La Ley de Emergencia en Pediatría establece la situación de emergencia por un año e impone la provisión inmediata de recursos para salarios, insumos y equipamiento, además de derogar la polémica resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que modificó el sistema de residencias y generó protestas en el sector. Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario garantiza fondos para el funcionamiento de las universidades, becas y desarrollo científico, además de reabrir paritarias congeladas desde octubre pasado y crear un fondo de $10.000 millones ajustable por inflación para fomentar el ingreso a carreras estratégicas.
En definitiva, la resolución del Senado será decisiva para determinar si estas leyes clave entran en vigor y aseguran recursos esenciales para educación y salud, o si los vetos de Milei se mantienen, bloqueando estas políticas durante el resto del período legislativo.