El gobernador Osvaldo Jaldo puede aparentar una actitud austera, pero su comportamiento sigue siendo el mismo de siempre, según lo señalado por el diputado Roberto Sánchez (UCR), quien no dudó en criticar el reciente decreto del Gobierno que destina $6.500 millones a las comunas rurales. Para el legislador, este movimiento de recursos tiene un único propósito claro: asegurar dinero para las elecciones. Según su perspectiva, la medida responde a una estrategia electoralista que busca consolidar el poder del oficialismo en Tucumán, en lugar de atender las necesidades reales de las comunas.
Este decreto, anunciado recientemente, redirige fondos presupuestarios hacia las 93 comunas rurales para cubrir diversos gastos, una acción que ha sido tomada de manera inmediata. La decisión fue recibida con escepticismo por parte de la oposición, que ve en ella una jugada política que va más allá de la administración pública.
Sánchez subrayó que esta no es una práctica nueva. «Esto reedita lo que ya conocemos», señaló. Según el diputado, siempre que se aproximan las elecciones, el oficialismo tucumano moviliza enormes sumas de dinero para respaldar a sus candidatos. En este sentido, hizo referencia a una investigación realizada por la Procelac, que, según él, demuestra cómo el oficialismo ha utilizado estos recursos en el pasado para favorecer a los intendentes. Ahora, agregó, el foco está en los comisionados rurales, siguiendo un patrón que, para él, no ha cambiado. «Todo igual», expresó, reflejando su convencimiento de que el modus operandi sigue siendo el mismo.
El legislador también manifestó que llevará este asunto al Congreso y pedirá a los organismos de control que investiguen y hagan un seguimiento de la asignación de estos fondos. En sus palabras, «Jaldo no tiene motosierra, sino una máquina de repartir plata para comprar votos». Con esto, Sánchez acusó al gobernador de emplear recursos públicos de manera irregular para asegurarse el apoyo electoral, afirmando que, a estas alturas, ya no puede seguir ocultando esta estrategia. Concluyó diciendo que esta situación es insostenible y que no pasará desapercibida para los ciudadanos ni las autoridades encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos.