En el contexto del escándalo generado por la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Jonathan Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, se presentó ante la Justicia acompañado por su abogado, Martín Magram, y entregó su teléfono celular. Esta presentación se produjo tras varios intentos infructuosos de la Justicia por localizarlo desde el jueves anterior.
El juez federal Sebastián Casanello, en paralelo, ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad relacionadas tanto con los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini, como con la familia Kovalivker, incluyendo a Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre Eduardo. La medida, gestionada a través del Banco Central, busca prevenir cualquier intento de vaciamiento que pudiera obstaculizar la investigación, y fue solicitada por el fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa.
Apenas cinco días después de iniciada la investigación, el expediente ya desplegó un operativo intenso de recolección de pruebas. Este incluyó allanamientos en las residencias de los principales implicados, secuestro de teléfonos y computadoras de la Agencia de Discapacidad, y la incautación de importantes sumas de dinero en efectivo. Durante el operativo del viernes pasado, Emmanuel Kovalivker fue detenido en Nordelta mientras intentaba abandonar el country en su automóvil con 266.000 dólares y 7 millones de pesos.
Por su parte, Jonathan Kovalivker logró evadir a la Policía, y según los investigadores, es posible que haya vaciado previamente la caja fuerte de su habitación antes de ausentarse. Esta situación generó alarma sobre las responsabilidades del personal de seguridad del country, motivo por el cual se indagó al jefe de seguridad de Nordelta para esclarecer cómo se permitió la salida de Kovalivker a pesar de que ya se encontraba en curso un operativo judicial.
La sospecha principal apunta a una posible connivencia interna o negligencia en los controles, lo que añade un nuevo capítulo de tensión a un caso que combina denuncias de corrupción, irregularidades en la administración de la obra social destinada a personas con discapacidad y ahora, presuntas acciones de encubrimiento vinculadas a la familia Kovalivker.