Mientras el Ejecutivo insiste con su política de austeridad expresada en la metáfora de la “motosierra”, el Senado se prepara para un incremento sustancial en las remuneraciones de sus integrantes. En los próximos días, los senadores nacionales comenzarán a percibir sueldos que, en términos brutos, superarán los 9 millones de pesos. Esta suba se habilita tras la finalización del congelamiento salarial que había sido instaurado en agosto del año pasado y prolongado en enero, pero que perdió vigencia el 31 de marzo. Durante abril, los legisladores evitaron tratar el tema, incluso cuando se reunieron en el recinto para rendir homenaje al papa Francisco, oportunidad que también sirvió para eludir el debate.

La vicepresidenta Victoria Villarruel había dispuesto un congelamiento de las dietas en el Senado hasta el 31 de marzo

La vicepresidenta Victoria Villarruel había dispuesto un congelamiento de las dietas en el Senado hasta el 31 de marzo.

A partir de esta actualización, los senadores verán un incremento en sus ingresos netos, ubicándose entre los 6,5 y 7 millones de pesos, es decir, más de un millón por encima de lo cobrado en el último mes. Este ajuste está vinculado a la actualización del valor del “módulo”, una unidad clave para calcular las escalas salariales del personal legislativo. Dicho valor había permanecido fijo desde agosto, pero con el cierre del mes de marzo se actualizó a $2225,25, según figura en el sitio oficial del Senado.

Poco después, en los primeros días de abril, el gremio APL (Asociación del Personal Legislativo), conducido por Norberto Di Próspero, logró cerrar una paritaria que elevó nuevamente ese valor, esta vez hasta los $2285. Al multiplicar esa cifra por los 4000 módulos que componen la remuneración total de un senador —incluyendo dietas, desarraigo y representación—, se obtiene el nuevo monto bruto que comenzará a regir desde mayo: 9,1 millones de pesos.

Este nuevo salario representa un desfasaje significativo respecto al ingreso promedio del ciudadano común. De hecho, equivale a 23 veces el salario mínimo, vital y móvil vigente en abril, que se ubica en $296.832. Además, supera en 18 veces la jubilación mínima actual, la cual incluye un bono de $70.000. Como punto de comparación, un diputado de provincia cobró entre $4,3 y $4,5 millones netos el mes pasado, mientras que varios senadores percibieron cifras que oscilaron entre $5,4 y $5,8 millones.

En cuanto a las futuras percepciones, si se toman como referencia los montos brutos, los senadores recibirán un 60% más que los diputados. Mientras que estos últimos se moverán en torno a los $5,7 millones, los integrantes de la Cámara alta rondarán los $9,1 millones.

La discusión sobre los ingresos de los senadores volvió a estar en el centro de la escena a partir de abril, cuando la Cámara alta aprobó, sin debate y a mano alzada, una resolución que duplicó sus dietas e introdujo un equivalente al aguinaldo, agregando así una decimotercera remuneración anual. En ese mismo acto, se modificaron también los parámetros del cálculo salarial, ajustando la cantidad de módulos percibidos en sintonía con las paritarias del personal legislativo.

Desde entonces, el salario de los senadores se estructura en 4000 módulos: 2500 destinados a la dieta básica, 1000 en concepto de desarraigo (pensado para quienes residen fuera de Buenos Aires) y 500 como gastos de representación. Esta estructura llevó sus ingresos de un promedio de $2 millones a una cifra cercana a los $4,5 millones brutos. Pero el problema surgió cuando, producto del aumento paritario en el valor del módulo, sus sueldos treparon por encima de los $7,5 millones. Esta suba fue severamente cuestionada por el Poder Ejecutivo, que apuntó sus críticas hacia el Senado y, especialmente, hacia la vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, hoy desplazada de las negociaciones clave con el Gobierno nacional.

Fue justamente en medio de esta controversia que todos los bloques parlamentarios decidieron poner un freno, congelando sus dietas hasta el 31 de diciembre. Una vez vencido ese plazo, Villarruel extendió la medida durante el período extraordinario hasta el 31 de marzo, mediante una resolución que fue respaldada por el conjunto de los legisladores. Pero con el inicio de las sesiones ordinarias, el poder de decisión quedó nuevamente en manos del pleno del Senado, donde, según fuentes internas, el tema de los sueldos no figura en la agenda prioritaria. La propia Villarruel ha intentado desmarcarse de la discusión.

Consultado al respecto, un senador expresó con franqueza su incomodidad por la exposición pública del tema: “Hasta ahora no se habló”, afirmó. Otros legisladores también manifestaron su molestia, aunque en voz baja, destacando las dificultades económicas que supone mantenerse en Buenos Aires durante la semana, especialmente para aquellos que provienen del interior del país.

Algunos, incluso, buscaron relativizar la polémica comparando sus ingresos con los de otros sectores del poder o el sector privado. “¿Alguien discute lo que gana un CEO de una empresa nacional o lo que cobran en la Justicia? Después, en el Ejecutivo tienen sueldos bajísimos, pero que expliquen de qué viven”, planteó otro senador, sumando críticas al clima de sospecha que rodea a los bajos ingresos formales de algunos funcionarios.

A pesar de estos cuestionamientos internos, el tema de las dietas se mencionó brevemente en la última reunión de labor parlamentaria celebrada el martes pasado. En ese encuentro, los jefes de bloque decidieron postergar el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia hasta el 7 de mayo, así como la aprobación de los pliegos diplomáticos de Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia, propuestos para ocupar las embajadas argentinas en Estados Unidos y España, respectivamente.

En cambio, el foco de esa sesión se colocó en el homenaje al papa Francisco que tuvo lugar el jueves. “Cuando se intentó hablar siquiera un momento del tema de las dietas, se pasó de largo”, relató una fuente legislativa del oficialismo. Según la misma voz, la mayoría de los líderes parlamentarios rechazaron tratar el asunto alegando que “no es el momento adecuado”, aunque también reconocieron en privado que “no tenemos los votos” para evitar la suba.

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