Las disputas violentas entre clanes por el control territorial en el tráfico de drogas han sido una constante en Tucumán. A lo largo de los años, varios grupos familiares han causado gran conmoción en la sociedad tucumana debido a los numerosos muertos y heridos que han dejado sus enfrentamientos y ajustes de cuentas.
Estos episodios de violencia han sido objeto de investigaciones judiciales, con algunos casos siendo llevados a juicio y otros quedando en el limbo por años antes de obtener claridad. Un ejemplo de esto es el enfrentamiento que ocurrió en abril de 2016 entre el clan Toro y el clan Carrión, el cual resultó en la muerte de un joven de 20 años y dejó a otro hombre gravemente herido por disparos.
El 29 de abril de 2016, alrededor de la 1 de la tarde, Luciano Gastón Calderón, de 20 años, se encontraba en su motocicleta en la calle Blas Parera, cerca del número 500, cuando fue atacado a tiros. Las primeras investigaciones señalaron a un individuo apodado “Quemarrancho”, miembro de los Carrión, como el principal sospechoso de haber disparado contra Calderón. El joven fue llevado al hospital Centro de Salud, pero falleció antes de llegar al centro médico.
La noticia del asesinato desató una ola de venganza. Familiares de Calderón buscaron al presunto agresor, pero al no encontrarlo, atacaron al padre de uno de los supuestos implicados. A las 3:10 de la tarde, un miembro del clan Toro conocido como “Coco” se dirigió a la casa de Gobernador Gutiérrez al 1.300 para buscar a un menor de 14 años, apodado “Loco Ger”, quien se pensaba había participado en el ataque. Sin encontrarlo, disparó contra José Antonio Rodríguez, padre del adolescente, hiriéndolo con cuatro balazos. Rodríguez fue ingresado en el Hospital Padilla, donde se mantuvo en estado reservado, pero logró recuperarse y fue dado de alta tras unos días.
El episodio generó gran preocupación en la Policía por el riesgo de nuevos conflictos entre los clanes, lo que llevó a un reforzamiento de la seguridad en la zona y al inicio de las investigaciones. En pocos días, Carlos Alberto Carrión, de 18 años en ese momento, se presentó en los tribunales y fue detenido. La fiscala María del Carmen Reuter fue la primera en tomar el caso, el cual sigue sin resolverse hasta la fecha.
La división Homicidios y Delitos Complejos de la Policía realizó allanamientos y detenciones en el transcurso de la investigación. Actualmente, el caso está bajo la Fiscalía de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, y está clasificado como homicidio y tentativa de homicidio, con cinco personas imputadas: Hugo Leonel Pedraza, Carlos Alberto Carrión, Martín Eduardo Toro, Gerardo Andrés Toro y Germán Mauricio Rodríguez.
Ayer, ocho años después del violento incidente, estaba programada una audiencia para ajustar el caso al Sistema Adversarial, dado que ocurrió antes de la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán y involucró menores de edad. La audiencia también buscaba decidir sobre el sobreseimiento de algunos imputados y definir los pasos hacia el juicio. Sin embargo, la sesión fue interrumpida porque el abogado defensor de uno de los implicados no asistió. Ahora, las partes deberán fijar una nueva fecha para avanzar en las cuestiones preliminares y proceder con la resolución del expediente.