Los tres individuos acusados de la venta ilegal de alimentos provenientes de los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social se encontraron con una complicación inesperada en su situación judicial. Inicialmente, los acusados Hugo Adrián Juárez, Ivana Vanesa Sánchez y Juan Ernesto Juárez estaban cerca de ser sobreseídos, pero un reciente giro en el proceso ha cambiado su perspectiva.
La jueza de impugnación, Laura Julieta Casas, presidió la audiencia más reciente y decidió anular la resolución del juez de primera instancia, Federico Moeykens. Esta decisión se tomó debido al vencimiento de los plazos establecidos para la investigación penal preparatoria. Además, a solicitud de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, encabezada por Mariana Rivadeneira y asistida por Brenda Deroy, la jueza determinó que el caso debe ser tratado como un asunto complejo.
De acuerdo con el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), esto implica una extensión del plazo para la investigación penal preparatoria de hasta dos años, con la posibilidad de una prórroga adicional de hasta un año.
La investigación se inició en enero de este año, a raíz de una denuncia presentada por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien reportó irregularidades en la distribución de alimentos destinados a cooperativas, comedores y merenderos comunitarios. Las investigaciones llevaron a una serie de allanamientos y arrestos, aunque actualmente no hay detenidos. Sin embargo, seis sospechosos han sido identificados, incluyendo a los Juárez y Sánchez, junto con Marcos Eduardo Soria, Lucas Matías Orrillo y Rosa Margarita Ibáñez.
Durante una audiencia en agosto, el abogado defensor Gustavo Morales había señalado que el plazo de seis meses para la investigación estaba a punto de expirar sin que el Ministerio Público Fiscal (MPF) hubiera solicitado una prórroga. El juez Moeykens había respaldado esta observación, aunque mencionó que no era el momento de decidir sobre el sobreseimiento de los acusados. A pesar de esto, los tres clientes de Morales se encontraban cerca de quedar eximidos del proceso penal.
Sin embargo, el viernes pasado, la causa fue revisada en el Tribunal de Impugnación, donde la Fiscalía liderada por Rivadeneira argumentó que la decisión de Moeykens había sido arbitraria, especialmente porque el MPF no tiene la autoridad para fijar las fechas de las audiencias. Tras escuchar a las partes involucradas, la jueza Casas respaldó la postura de la fiscalía y decidió que la investigación penal preparatoria continuara en contra de los imputados Juárez y Sánchez.
El 15 de enero, Masso había denunciado la venta no autorizada de alimentos adquiridos por el Ministerio para asistencia alimentaria. La Justicia provincial llevó a cabo varios procedimientos que incluyeron el secuestro de evidencia y el arresto de cinco sospechosos. Se sospecha que los alimentos eran retirados de un depósito gubernamental y ofrecidos en venta, a pesar de que estaba prohibida su comercialización. Entre los productos secuestrados se encontraban arvejas, puré de tomates, fideos, harina, leche en polvo, azúcar, arroz y aceite, entre otros.