El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA ha presentado un informe sustancial que aborda los resultados socioeconómicos de las últimas dos décadas y lanza una advertencia clara: sin un sólido y duradero ordenamiento macroeconómico, será imposible revertir la actual decadencia. Según la última medición de la UCA, la pobreza alcanzó el 44,7% en el tercer trimestre del año, cifra similar a la de 2020 y la más alta desde 2006 (41,2%). Desde una perspectiva multidimensional, la universidad concluye que al menos el 67% de la población sufre alguna carencia.
Ante preguntas sobre si la situación actual se asemeja al peligroso escenario de 2001-2002 y si puede empeorar con las premisas de ajuste del presidente electo Javier Milei, el director del Observatorio, Agustín Salvia, responde que más allá de quién haya ganado en las recientes elecciones, el proceso de ajuste de precios relativos, ya sea más lento o rápido, era inevitable. Sin una brusca disminución de la inflación, sostiene, no hay posibilidad de aumento de la inversión privada, empleo estable y, por ende, una reducción gradual de la pobreza y la indigencia.
Salvia y su equipo presentaron el informe «Argentina Siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos», señalando que, con una inflación mayor en 2024, la pobreza aumentará, junto con la precariedad del empleo y los ingresos. Advierte que los más afectados serán aquellos sectores que están al borde de caer en la pobreza, siempre que el nuevo gobierno mantenga la actual estructura de programas sociales entre los más vulnerables. Subraya que el creciente gasto social no resolvió las causas de la reciente debacle socioeconómica, aunque evitó una explosión social.
El informe destaca que, a pesar de la disminución del desempleo abierto, no se logró mejorar la calidad del empleo ni el salario real. Según el Observatorio, el modelo económico basado en el consumo, sin inversión para el desarrollo, está agotado, marcando el fin de un ciclo post-convertibilidad organizado en base al consumo con alta inflación.
El informe revela que el país necesita niveles de inversión superiores al 23%, frente al actual 19%, para revertir la situación. Los niveles de pobreza se sitúan en un techo alto desde 2003-2004, y la indigencia, aunque bajó levemente debido a la cobertura social, sigue siendo significativa. Aproximadamente la mitad de la población recibe alguna asistencia del Estado, y sin los planes sociales, la indigencia y la pobreza aumentarían notablemente.
Salvia niega que el aumento de la pobreza y el empleo informal sea causado por el aumento del gasto social, argumentando que el costo económico de los programas sociales sigue siendo bajo en términos del PBI. Asegura que estos planes permiten la subsistencia de los sectores excluidos cuando no hay empleos formales disponibles.
El informe destaca un aumento de la depresión y la ansiedad, particularmente en sectores medios profesionales, y subraya la inseguridad alimentaria severa, que es del 27,1%, el nivel más alto desde 2004, excluyendo el pico de la pandemia. Además, la percepción de fragilidad disminuyó, y ahora hay menos personas capaces de ahorrar.
Aunque se redujo el déficit de viviendas precarias y mejoró el acceso a cloacas y agua corriente, la pobreza multidimensional afecta al 67% de la población. Según Salvia, la estabilización macroeconómica es clave, y el país debe pasar por un período de ajuste de precios relativos y saneamiento para luego negociar deudas. Advierte que debe haber una precaución especial para evitar desbordes en el sistema institucional, especialmente entre los más pobres, durante este proceso de ajuste.